Andreína Vies.- Este miércoles se conoció que la Corte Penal Internacional (CPI) detectó “inacción” en los pasos del Estado venezolano para sancionar y procesar los casos de crímenes de lesa humanidad que se han registrado en el país, de esta manera fue relatado el último documento difundido por el antes mencionado ente.
La documentación expuesta por la CPI tiene que ver con el “recurso dilatorio» introducido por Tarek William Saab, fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro.
En el instrumento se detalla: “Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
Debido a lo antes expuesto, el máximo ente de justicia dedujo que en suelo venezolano y específicamente sus autoridades “no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos”.
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En esta misma línea, determinaron que las investigaciones sobre los casos de violencias hacia la ciudadanía no han sido tratados de forma independiente o imparcialmente, lo que se traduce a que se han realizado con una intensión no compatible con el interés de buscar justicia.
Otro punto destacado en el informe es que en Venezuela “Se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas (implicadas en crímenes de lesa humanidad) de la responsabilidad penal (quedan en libertad)”.
Por su parte, la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia expresó este 11 de agosto que, “la Fiscalía de la CPI no ha tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero sí sobre el requisito de complementariedad: el mismo estaría cumplido a los efectos de la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI”.
En el 2020 fue determinado por la Corte Penal que, altos cargos de Venezuela y en mayor medida las fuerzas de seguridad militares y policiales han cometido crímenes de lesa humanidad.
Con información de El Nacional
