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Procurador de Venezuela: un error podría implosionar el Estado

José Ignacio Hernández aclaró su participación en el caso Crystallex-Citgo
José Ignacio Hernández aclaró su participación en el caso Crystallex-Citgo

El procurador general de Venezuela, José Ignacio Hernández, designado por el presidente encargado Juan Guaidó aseguró que un error de gobierno de transición puede acelerar el colapso y la implosión del Estado venezolano.

“Eso no conviene a nadie, ni a los venezolanos ni a nuestros aliados internacionales. Imaginemos qué pasaría si el Estado venezolano termina de implosionar. Tendríamos una tragedia mucho mayor. El cese de la usurpación es el primer paso indispensable y no tengo la menor duda de que eso se va a lograr”, manifestó en una entrevista ofrecida al programa Al punto y seguimos, del periodista César Miguel Rondón.

Asimismo, Hernández indicó que el cambio en el rumbo del país es necesario y debe mantener como premisa principal reconstruir el país sin dejar “daños colaterales”, agregando a la vez, que ese es el mayor reto que presenta el gobierno de Guaidó.

“Cada paso hay que sopesarlo muy bien porque la supervivencia del Estado y de todos los venezolanos es lo que está en riesgo. Es factible el cese de la usurpación, está en el horizonte temprano”, sostuvo el abogado.

Participación en el caso Crystallex-Citgo

Hernández también amplió los detalles sobre el caso Crystallex-Citgo, asegurando que en julio de 2017 participó como perito experto independiente y no defendió los intereses de la empresa canadiense contra Venezuela.

Advirtió que sobre este litigio «hay una evidentemente mala fe, de intereses económico y políticos».

El procurador designado por Guaidó es investigado por el Ministerio Público al servicio del régimen de Nicolás Maduro, por presuntamente favorecer a la empresa minera, para que se apropie de la filial venezolana en EE.UU.

Sin embargo, éste explica que «todas las propiedades de PDVSA están bloqueadas incluso Citgo», por las sanciones de EE.UU., las cuales funcionan como protección de los activos venezolanos.

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