Andreína Vies.- “Las medidas para contrarrestar la pandemia también son utilizadas para justificar detenciones sin órdenes judiciales” por parte del gobierno de Nicolás Maduro, denunció la Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Venezuela: Estado policial avanza en el contexto del Covid-19”, expuesto este viernes.
Dentro del balance mostrado por la mencionada ONG se destaca que la justicia venezolana le ha prohibido a “varios detenidos bajo arresto domiciliario que usaran redes sociales o se refirieran a ‘asuntos del Estado’, una medida que viola su derecho de libertad de expresión”.
Suman 162 personas las que han sido hostigadas, perseguidas por la justicia y detenidas entre el mes de marzo y junio, además, la HRW citó datos del Foro Penal, donde se contabilizan “257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio”.
En las declaraciones ofrecidas por José Manuel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch, resaltó que durante Estado de excepción vigente en Venezuela desde el inicio de la emergencia sanitaria, tanto los cuerpos de seguridad, como “grupos armados partidarios del gobierno” han asumido la facultad de “reprimir con mayor ferocidad” a los ciudadanos.
Profesionales hostigados por el Estado según la HRW
- Diputados de la Asamblea Nacional (AN).
- Periodistas y comunicadores sociales.
- Trabajadores de la salud.
- Abogados de Derechos Humanos.
- Profesionales que reseñan informaciones críticas sobre el manejo de la pandemia y que apoyan a quienes manifiestan por las fallas en los servicios básicos.
Entre los casos denunciados por la ONG destaca el de Henderson Maldonado, un defensor de derechos Humanos del estado Lara, quien fue detenido arbitrariamente y durante su estadía en el destacamento militar a donde lo llevaron “Fue esposado a una columna (…) No le proporcionaron comida ni agua; tampoco le permitieron usar un baño ni llamar a sus familiares”, sumado a esto fue golpeado “en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada”, el Guardia Nacional que lo agredió expresó que Maldonado “no merecía vivir”.
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Los casos plasmados en el informe de la Human Rights Watch obedecen a los periodistas Darvinson Rojas, Marco Antoima, Arnaldo Sumoza, Ariadna García y Tairy Gamboa; los defensores de DDHH, Henderson Maldonado e Iván Virgüez; la bionalista Andrea Sayago y la enfermera Ligia Margarita Gamboa; el dirigente sindical Julio Molino de Monagas y el político Junior Pantoja; por último, el de la contadora Maury Carolina Carrero.
