El Gobierno Nacional expresó su rechazo al comunicado de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el que se hace eco de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el Gobierno de Estados Unidos la pasada semana, al considerar que la actual crisis que atraviesa el país es responsabilidad “exclusiva y excluyente” del Gobierno de Nicolás Maduro.
Para el Gobierno Nacional, la MUD se muestra “abiertamente servil a los intereses foráneos” y “siguen cometiendo incitación al magnicidio, con un discurso cargado de odio y de violencia”.
En el texto, el oficialismo dice categorizar el comunicado de la MUD como el “más fascista de todos los comunicados que jamás se hayan leído”.
Afirma el Gobierno que se trata más bien de “una petición de guerra contra Venezuela”. “Es la petición a la No-Integración, No-Derecho Internacional, No-Soberanía de los Pueblos, No-Diálogo, No-Democracia, No-Vida”.
Este domingo, las facciones aglutinadas en la MUD emitieron un comunicado en el que responsabilizan al Gobierno de Nicolás Maduro por “la política que acabó con la base industrial del país y con la calidad de vida de la familia venezolana”.
Asimismo, los opositores culpan al Ejecutivo de desconocer el voto popular y de haber dado un “golpe de Estado” al Parlamento y a la Constitución, lo que “ha generado una contundente e inédita reacción diplomática del mundo democrático”.
“El pueblo de Venezuela no le permitirá escudarse en ninguna sanción internacional para eludir su responsabilidad por haber conducido al país al desastre actual”, dijo la MUD.
Además, la MUD anunció que respaldará y solicitará el apoyo diplomático a la comunidad internacional que contribuya al restablecimiento constitucional y democrático en Venezuela y que para ello, requerirá a los Estados que pidan a sus ciudadanos y empresas que se abstengan de realizar operaciones financieras o contratos con el Gobierno de Venezuela que no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional (AN).
El pasado viernes, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe las negociaciones con bonos de la deuda venezolana y de Pdvsa. La medida busca presionar al Gobierno de Maduro para que cese en su deriva totalitaria y acceda a una negociación con la oposición que resulte en una salida pacífica para la crisis que vive Venezuela.
El oficialismo instaló a principios de agosto una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuyos miembros fueron elegidos en un proceso que ha sido denunciado como ilegal y rechazado por la oposición, sectores sociales y la comunidad internacional al contrariar la Constitución vigente, y que ha sido cuestionado por denuncias de fraude.
Recientemente, el oficialismo también ha sido señalado de graves hechos de corrupción de parte de una antigua chavista, la exfiscal Luisa Ortega Díaz.
Para la MUD “las sanciones a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo en ausencia de una justicia imparcial en Venezuela”.
Concluyó la MUD que “la defensa de la Patria es la defensa de la soberanía popular, la calidad de vida del venezolano, y la vigencia plena de la Constitución. Todas violentadas por el Gobierno más antipatriota que hemos tenido en la historia de Venezuela, y responsable exclusivo de haber generado un aislamiento internacional sin parangón en el hemisferio”.
