Andreína Vies.- Desde el decreto de cuarentena en el país para evitar brotes por Coronavirus, los periodistas han buscado todas las maneras posibles para informar al país, sin embargo, en su ejercicio se han topado con obstáculos como, las fallas de la Internet, falta de equipos, despidos, censura e incluso maltratos por parte de los organismos de seguridad del estado.
Según el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), se han contabilizado al menos 62 ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información desde que inició el confinamiento preventivo ante el Covid-19.
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Hablan los reporteros
- Jorge González, corresponsal de Vpitv en la región de Los Llanos, explica: “En esta zona del país las señales telefónicas y el Internet son deficientes y cada vez la conectividad es más débil”.
- Carlos Landaeta, reportero gráfico en el estado Anzoátegui, expresó que muchos consideran más factibles hacer el trabajo desde casa, ya que la falta de gasolina impide su movilización. También destacó que, los uniformados no han respetado los salvoconductos y han impedido su trabajo de calle.
Ante esta situación con el personal periodístico, los expertos de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas han solicitado a los países que “Las restricciones tomadas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse simplemente para acallar la disidencia”.
Agresiones contra periodistas
Según un reporte emitido por el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Edgar Cárdenas, los ataques contra la prensa se ubicaron en:
- 40 % Guardia Nacional (GN)
- 12 % Funcionarios de civil
- 12 % Policía Nacional Bolivariana (PNB).
- 8 % Policía Municipal.
- 8 % desconocidos
- 8 % Fuerza de Acciones Especiales (Faes).
- 8 % seguidores del gobierno izquierdista.
- 4 % Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).
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Mientras, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela) ofreció un balance de violaciones al derecho de prensa en general, donde destacan 50 casos.
El Ipys destaca, “solo 22 casos han sido por la cobertura o difusión de información vinculada al COVID-19. 16 casos son agresiones físicas y 16 de abuso de poder estatal, donde se reseñan 11 detenciones arbitrarias”.
