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Una demanda por difamación deberán enfrentar Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante

Una demanda por difamación deberán enfrentar Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante
Una demanda por difamación deberán enfrentar Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante. Foto cortesía.

Andreína Vies.- El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, introdujo una demanda por difamación en contra del párroco de La Vega, padre jesuita Alfredo Infante, y Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

La acción de Lacava surge luego que Provea expusiera datos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos policiales del territorio carabobeño.

En el balance, aparece Carabobo como la segunda entidad con los índices más altos en esta categoría.

Los defensores de derechos humanos, durante la exposición de su reporte, solicitaron que el Estado venezolano investigara a los presuntos responsables, donde incluyeron a los funcionarios superiores de la policía estadal y al propio gobernador Lacava.

Estos datos mostrados por Provea fueron refutados por el líder de Carabobo, y culminó en una demanda por difamación agravada continuada establecida en el artículo 442 del Código Penal.

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¿Qué dice Provea sobre la demanda por difamación?

La ONG Provea dio a conocer que, Lacava demandó al coordinador legal de este programa de DD. HH., Marino Alvarado, y al padre Alfredo Infante, coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla, “tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales”.

En esta misma publicación hay un video donde Alvarado da a conocer que la notificación emitida por un tribunal penal de Carabobo, le llegó este lunes.

Alvarado expresa: “Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo”.

En esta misma línea, el coordinador legal de Provea exteriorizó que la demanda es una “consecuencia” de exigir respuestas en el ámbito de derechos humanos en Venezuela, y de ser la voz de las víctimas.

Alvarado sentenció: “pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad”.

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Informe de Provea

El balance refleja que durante el 2021, la policía de Carabobo fue de las más “letales”, y que en este tiempo hubo 221 denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales; mientras, las muertes se ubicaron en 132 (Valencia), y 98 personas aparentemente blanco de ejecuciones.

Con información de El Nacional / Provea

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