El ambiente político en Brasil sigue caldeado y mucho más ahora que surgió un nuevo evento que ha levantado las protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff.
Se trata del caso Lula, presente en la palestra pública desde que el pasado 4 de marzo fue conducido forzosamente a declarar ante la policía federal por el caso de corrupción de Petrobas.
Desde entonces el líder regional ha sido epicentro de las primeras planas de los diarios brasileros y las principales portadas del mundo, evidenciado una supuesta colaboración durante su gobierno con personalidades acusadas de enriquecimiento ilegal mediante la petrolera estatal.
En este sentido, la presidenta Rousseff emprendió un nombramiento que para algunos ha sido calificado como una “ayuda” para el expresidente brasilero en torno al proceso de investigación al que está siendo sometido; se trata de la designación para ocupar el Ministerio de la Casa Civil, el cargo más importante en el Gabinete Ejecutivo.
No obstante, dicha investidura fue anulada horas después de que Lula haya tomado juramento para representar el cargo, luego de que el juez de Brasilia, Itagiba Catta Preta Neto considerara la designación como interferencia en la actuación de la justicia y la fiscalía.
La declaración del juez expresaba que “En vista del riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal (Fiscalía), admito el pedido de suspender el acto de nominación del señor Luia Inacio Lula da Silva para el cargo de ministro de Estado del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, o de cualquier otro que le otorgue prerrogativa de fueros”.
Esta acción estuvo acompañada además de una divulgación telefónica por parte del juez Sergio Moro que le ha dado la vuelta al mundo, donde se escucha a la dignataria brasilera y al líder de izquierda hablar de un documento que sea usado por Lula “en caso de que sea necesario”.
Entre tanto las reacciones en Brasil continúan manifestándose a través de la protestas de lado y lado, mientras que una gran parte del país espera el esclarecimiento de los hechos.
