Andreína Vies.- Luego del traslado de presos políticos hacia cárceles comunes la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se pronunció para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que vele por la seguridad de estos ciudadanos.
Han sido al menos 50 privados de libertad los que fueron llevados hacia penales comunes, las acusaciones sobre esto tienen más un sentido político que delictivo, estos se encontraban en calabozos de los cuerpos de seguridad de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y servicios de inteligencia venezolanos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Entre otros de los exhortos realizados por la CIDH destaca que el ejecutivo nacional tiene el deber de informar a los familiares y abogados sobre los centros penitenciarios a donde serán llevados los detenidos, además, tienen que “permitir una evaluación médica independiente”.
La Corte Internacional exteriorizó su preocupación porque muchos de los ciudadanos llevan tiempo prolongado bajo la tutela del Estado, es por ello que llamó a los poderes judiciales a “revisar periódicamente la vigencia de circunstancias que motivaron su aplicación inicial dado que muchos de ellos continúan esperando por un juicio justo”.
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Los traslados de detenidos políticos iniciaron el pasado 19 de mayo, luego que Maduro ordenara que las custodias de estos debían pasar al Ministerio de Servicio Penitenciario, dicha decisión fue expuesta en la Gaceta Oficial N° 42.125 mediante el decreto 4.610 cuya emisión fue en la fecha 12 de mayo de 2021.
