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Asesinatos de indígenas y minería ilegal, flagelos que se viven en Amazonas y Bolívar

NotiGlobo.- Durante este mes de marzo se registró una situación lamentable asociada a asesinatos de indígenas yanomamis, un flagelo que ha tenido que vivir esta etnia desde hace más de dos décadas, a estos atropellos contra sus derechos humanos se le suma la destrucción y contaminación de sus hábitats.

Fue el pasado domingo 20 de marzo cuando se produjo un presunto enfrentamiento entre indígenas yanomami y efectivos militares de la Aviación Militar Venezolana, adscritos a la Base de Seguridad Fronteriza de Parima B, de acuerdo a información suministrada por fuentes confiables -y confirmada posteriormente por el gobernador de la entidad, Miguel Rodríguez.

En ese incidente resultaron asesinados un grupo de indígenas Yanomami – incluida una mujer de 45 años- a manos de funcionarios militares venezolanos en el sector Parima B del Alto Orinoco, en el estado Amazonas, al sur del país venezolano.


En total se reportaron cuatro indígenas yanomamis asesinados, quienes solo fueron identificados con las siglas de sus nombres, por respeto a la cultura de la etnia, pues el nombre del fallecido no debe pronunciarse: EGS (30 años), JIB (21), TCG (22) y MG (45). Entre los heridos figura el adolescente Borges Sifontes de 16 años, quien recibió un disparo en el brazo y se encuentra en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho; el cacique Sabino Silva, herido en la cabeza y en la mano derecha, y Gary García, lesionado en la mano derecha.


La versión oficial emitida por el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, en su cuenta de Facebook, señala que el enfrentamiento se produjo por una presunta riña entre militares de la aviación e integrantes de la etnia por negar el «acceso a internet».


«Hubo un enfrentamiento entre hermanos yanomamis y compañeros del componente aviación acantonados en Parima B, luego de que no se les compartiera el Internet, generando una situación de confrontación, que dejó como resultado 4 fallecidos y 5 heridos. Ya las investigaciones del caso están en curso», informó.


En tanto que el portal Punto de Corte confirmó que esta no era la primera vez que se presentaban problemas por el acceso al internet. “En realidad los militares solo estaban presionando a los yanomamis para que les dieran permiso a sacar oro de territorio virgen y la manera que consiguieron fue impidiéndoles el acceso al internet o al uso de la pista de aterrizaje, lo que hace muy difícil acceder al lugar por vía terrestre o fluvial. El incidente no fue más que una excusa para que los militares le hicieran sentir a los hermanos yanomamis que ellos tienen el poder”.

Por su parte, el portal Infobae, reveló, fundamentándose en varias fuentes que el problema  es el oro. “Están explotando oro sin importarles pasar por encima de las comunidades indígenas. Al Alto Orinoco lo han convertido en zona de explotación minera, inclusive en el Cerro Delgado Chalbaud, en la zona donde nace el río Orinoco, en el parque nacional Sierra de la Neblina hay máquinas. Los indígenas no solo temen a los garimperios brasileños sino a los militares venezolanos”.

Denuncias sobre violación de derechos humanos y prácticas ilegales de minería


El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) instó a las autoridades venezolanas a esclarecer urgentemente el transfondo de estos hechos y establecer las responsabilidades a los responsables con todo el peso de la ley en estricto apego a los compromisos asumidos por el Estado venezolano en el acuerdo amistoso suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de los sucesos conocidos como la Masacre de Haximú, ocurrida en 1993.


Hace 27 años, específicamente en entre los meses de junio y julio del año 1993, en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjeron dos ataques que propiciaron el asesinato de 16 indígenas de la etnía yanomami; de los cuales ocho eran niños y niñas incluyendo un niño de menos de un año.


El hecho fue considerado una masacre, la cual fue perpetrada por 22 mineros de nacionalidad brasileña que ejercían minería ilegal en territorios indígenas. Tras los sucesos el Estado venezolano se comprometió a suscribir un acuerdo con el gobierno de Brasil, para establecer un Plan de Vigilancia y Control C.

Los lamentables acontecimiento también demostraron el alto grado de vulnerabilidad del Pueblo Yanomami a causa de la actividad ilegal de minería en la zona, por lo que, el Estado venezolano quedó expuesto como responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la propiedad privada, la circulación y residencia, la igualdad ante la ley y la protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5, 8, 21, 22, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De acuerdo a algunas investigaciones la tranquilidad con la que vivían los Yanomamis llegó a su fin en la década de 1980, cuando la fiebre por el oro explotó nuevamente en  Amazonia y produjo que más de 40.000 mineros ilegales se acercarán a la zona a establecer este peligroso negoció que sigue devastando una gran parte de la zona.

La minería ilegal no solo ha producido inestabilidad y hechos de violencia contra esta etnia indígena sino que además a repercutido considerablemente, de forma negativa, en el hábitat natural de Amazonas y Bolívar, producto de la intervención de las mafias que controlan los territorios, ocasionando graves daños de desforestación.

Provea recibió reportes provenientes de miembros de las comunidades indígenas fronterizas con Brasil, sobre el incremento de la presencia de mineros ilegales armados y la presunta complicidad y participación de militares venezolanos con estas agrupaciones.

¿Sobrevivir en medio de la violencia y deforestación?


Al norte de Brasil y al Sur de Venezuela, los Yanomamis están distribuidos en alrededor de 250 comunidades en un territorio que alcanza los 19 millones de hectáreas, o lo que es igual a cuatro veces el tamaño de Suiza.

Actualmente, la etnia indígena sobrevive a la explotación de los recursos naturales que causa enfermedades, envenenamiento, agresiones, violaciones y persecuciones a quienes se opongan a esta situación, por lo que, se han generado tensiones entre indígenas y actores estatales y no estatales, lo que ha ido en incremento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, que ha sido atizado por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco.

La ONG Fundaredes denunció la existencia de un «Grave impacto ambiental» en el estado Bolívar producto de la explotación de oro que se realiza en este territorio.

«Sin control alguno, continúa el grave impacto ambiental y los destrozos al pulmón vegetal en el estado Bolívar por parte de las empresas transnacionales autorizadas por el gobierno nacional para la explotación del oro, aunado con las acciones de los grupos criminales que hacen vida en la región», reseña un comunicado emitido en febrero de este año.

En ese sentido, el activista de Fundaredes en Bolívar Darío Graffe argumentó que este tipo de actividades pone en riesgo la riqueza mineral y natural que hay en esa zona y afecta directamente a los habitantes aledaños a las minas o zonas donde realizan la extracción del oro.

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Pronunciamiento de COIBA

La Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba), se pronunció el pasado 26 de marzo sobre el asesinato de 4 indígenas yanomamis, caso por el cual pidieron justicia, que cese la perturbación dentro de contra los pueblos originarios, y que el Estado ordene la salida de funcionarios militares que están en Parima B.

Roberto Yavinape, coordinador COIBA, enfatizó en que la comunidad yanomami desde el 2009 viene denunciando la presencia de garimpeiros dentro de sus terrenos, lo que ha traído consigo la devastación de los bosques, contaminación del agua y el suelo, a esto se le suman los asesinatos y maltratos hacia los indígenas.

Distintas organizaciones que trabajan en pro de los derechos indígenas han exigido que las comisiones conformadas para la supuesta investigación sobre los hechos sucedidos el 20 de marzo, incluyan a la Defensoría del pueblo e integrantes que no integrantes que no estén parcializados con la administración de Nicolás Maduro.

https://twitter.com/MauligmerBE/status/1509228392427802633

Es por ello que se hace imperante que las autoridades competentes profundicen el proceso de investigación sobre el conjunto de irregularidades que se ha presentado en los últimos años, para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la etnia indígena contemplados en la carta magna nacional y en los acuerdos suscritos.

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