En agosto de 2016 fueron detenidos unos 90 ciudadanos colombianos residenciados en el país, por órdenes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusados de supuestas acciones desestabilizadoras contra su gobierno. Del número original de capturados, aún se encuentran bajo custodia 59 pese a tener la aprobación de excarcelación.
Y es que esta semana fue firmada la orden de liberación de estas personas, por parte el Juzgado 27 de primera instancia de control a cargo de la jurista Zulay Salazar González, en Caracas. Pero según uno de los abogados defensores, Héctor Aranguren «la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hizo caso omiso de la notificación que recibieron formalmente».
De hecho, este jueves 23 de noviembre, el caso de los acusados de paramilitarismo será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a la Corte Penal Internacional (CPI), por haberse cumplido 48 horas sin que se acatase la orden del tribunal. «De no acatarse el fallo procederemos a solicitar ante juicio de mérito al general director de Policía Nacional Bolivariana, general Alfredo Pérez Ampueda, y al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol Torres, por desacato, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, asociación para delinquir«, aseguró Sergio Aranguren, otros de los abogados de los ciudadanos cafeteros.
Aranguren indicó que por primera vez en Venezuela, «la justicia de comandos está por encima del Estado de Derecho proceso», al indicar que que Ampueda no ha autorizado aun la liberación del colectivo. Los dos licenciados denuncian que sus defendidos están privados de libertad en calidad de retenidos, no de detenidos, «por incidencias migratorias, pero cuando la persona es objeto de una incidencia de migración debe defenderse y a ellos en ningún momento se les dio la oportunidad de defenderse», finalizó el jurista Héctor Aranguren.
