Lo que había propuesto el Gobierno venezolano hace meses se cumplió al fin: La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en la sesión realizada este miércoles 8 de noviembre.
Esta ley fue presentada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado agosto con la finalidad de superar las campañas de odio, intolerancia y violencia, según indicó el mismo mandatario. «Llegó la hora de un gran proceso político, de conciencia, de leyes, para castigar y tipificar los delitos de odio e intolerancia en todas sus expresiones», señaló el Jefe de Estado, que había solicitado en el documento penas de 15, 20 y hasta 25 años de prisión.
El documento jurídico, de 25 artículos en total, establece que el objetivo principal es «frenar la campaña de odio y de violencia promovida por sectores extremistas de la oposición venezolana y buscar el reencuentro, la reunificación, la armonía y la paz del pueblo». Por su parte, la presidenta de la ANC, Delcy Rofríguez, aseguró que el país «se va vestir de esperanza, amor y futuro, cuando podamos entregar a Venezuela una Ley tan constituida para la convivencia pacífica, tolerancia y amor entre los venezolanos».
Tuiteros y MCS en la mira
Lo más destacado de la Ley Contra el Odio, es que determinó que dichos delitos serán castigados con penas de una a dos décadas, como lo establece el capítulo 21 de esta ley. Sin embargo, hay otros puntos que dejó la realización de esta norma:
- Los usuarios de Twitter pueden ser multados. Si un mensaje en las redes sociales esta «cargado de odio», deberá eliminarlo dentro de las seis horas posteriores, o deberá pagar multas desde cincuenta mil hasta cien mil unidades tributarias.
- Los medios de comunicación deben promover la paz, tolerancia e igualdad, de lo contrario serán multados con 4% de sus ingresos brutos del ejercicio fiscal anterior a cuando se cometió la infracción. Destinada la suma al Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.
- Funcionarios que no denuncien un delito de odio podrán pasar de 8 a 10 años presos. La misma pena se aplicará a médicos y enfermeros que no atiendan a pacientes por razones de odio.
