Andreína Vies.- Este 10 de febrero el gobierno de Venezuela en la voz del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, rechazó las declaraciones realizadas por portavoces del gobierno de Estados Unidos, donde aseguran que es el primer país en suministrar ayuda humanitaria a la nación suramericana.
Arreaza aseguró que la administración de Joe Biden continúa najo la misma línea del expresidente Donald Trump.
El canciller venezolano a través de su cuenta en la plataforma social Twitter expresó: “Parece mentira. Aunque sus propias instituciones especializadas demuestran los daños que sus ‘sanciones’ criminales generan en la economía y el pueblo de Venezuela, los voceros del Departamento de Estado siguen repitiendo el mismo discurso irresponsable de la administración Trump”.
La reacción del diplomático izquierdista surgió luego que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, durante una rueda de prensa ocurrida el pasado 9 de febrero explicó que Norteamérica tiene la disposición de continuar apoyando a los venezolanos, por ello han distribuido “más de 1,2 millardos de dólares para ayudar a las personas afectadas por la crisis. Tanto en Venezuela como en la región”.
En este mismo escenario, Price argumentó que la corrupción, represión y mala gestión del gobierno chavista ha llevado a millones de venezolanos a situaciones vulnerables en lo económico, social y una crisis migratoria sin precedentes.
Price hizo énfasis en que “Se estima que 5,4 millones de personas han huido del país. Hemos seguido participando ampliamente en los esfuerzos de buena fe del gobierno interino de Venezuela (liderado por Juan Guaidó) para brindar alivio al pueblo venezolano que lucha con la pobreza y las necesidades de salud”.
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Arreaza hizo mención de un informe realizado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, donde se expone que probablemente las sanciones emitidas por EE.UU. han interferido en el desarrollo de la economía venezolana, mientras, USA niega esta responsabilidad indicando que las restricciones son netamente aplicadas a actores políticos y personas que mantienen nexos con el gobierno de Nicolás Maduro.
