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Gobierno venezolano comenzará a trabajar en la revisión de prácticas en cuerpos policiales y reformas judiciales

Remigio Ceballos catalogó de irresponsable la denuncia de Valentina Quintero sobre presuntas extorsiones en las alcabalas
Remigio Ceballos catalogó de irresponsable la denuncia de Valentina Quintero sobre presuntas extorsiones en las alcabalas. Foto Cortesía.

Andreína Vies.- Este lunes el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos informó que el gobierno venezolano comenzará a revisar el funcionamiento de los cuerpos policiales del país, además, trabajarán en una reforma al sistema de justicia.

La finalidad de esta supervisión y modificaciones en el sistema de seguridad y judicial es acabar con la corrupción, esta información fue dada a conocer por una fuente perteneciente al ejecutivo nacional.

Por su parte, Ceballos sostuvo una reunión con las autoridades del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), esto en pro de inspeccionar las estrategias de esta organización policial, misma que asiste la labor de la Fiscalía.

Entre los temas que abordaron, según Ceballos, se encuentran, la capacitación para los efectivos en materia de derechos humanos; igualmente, la creación de una ruta para el fortalecimiento de la acción penal, de esto último no ofreció detalles.

El ministro se mostró optimista de que las malas prácticas de los funcionarios no se presenten, ya que el Cicpc cuenta con una oficina para la revisión del desvío en la actuación policial y otra para la supervisión disciplinaria.

En esta misma línea, el diputado Antonio Benavides indicó que la administración oficialista reconoce que han surgido casos de «vicios» y «corruptelas» en el sistema judicial, es por ello que presuntamente, pusieron en avance una reformación en la administración de justicia, la cual inició con la aprobación de la ley del Tribunal Supremo durante el mes de enero de 2022. 

En abril se redujo el número de magistrados del TSJ y la persecución judicial contra “mafias” que cuentan con el apoyo de funcionarios públicos para cometer actos fuera de la ley, tales como la venta de combustible y chatarra. 

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Según el Estado, la reforma judicial vendrá a dar respuesta al tema del hacinamiento en los centros de detención, al retraso procesal y la impunidad.

Con información de El Nacional

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