Nelson Gimón.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes un acuerdo que ordena la investigación del presunto traspaso de la participación de las acciones que tiene la firma Rosneft en las empresas mixtas venezolanas Petrovictoria, Petromiranda, Petromonagas, Petroperijá y Boquerón a una compañía propiedad del gobierno Ruso.
La orden de investigación del Parlamento estuvo remitida a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, así como a la junta directiva ad hoc de PDVSA y a su similar de la Corporación Venezolana de Petróleo S.A.
Elías Matta, diputado por el estado Zulia, recordó durante la sesión parlamentaria que Rosneft anunció hace una semana que vendía sus acciones en Venezuela a una empresa propiedad de la Federación Rusa, recordando que la compañía tenía unos cinco contratos en PDVSA, y que en cada una de ellas contaba con 40% de participación.
“De Petromonagas, la compañía tenía 17% pero en el año 2016, de manera írrita, PDVSA le vendió 23% a Rosneft para que elevara a 40% su propiedad. Esta AN de manera responsable en su momento le advirtió a Rosneft que esa transacción tenía que pasar por el Parlamento porque así lo establece el artículo 150 de la Constitución. Todo contrato de interés público con empresas de un país extranjero debe pasar por la AN”, argumentó.
Lea también: Rosneft asegura que PDVSA paga su deuda según lo previsto
Matta solicitó ante la AN que se le haga un seguimiento a la venta de acciones y se notifique a Rosneft que debe seguir lo establecido en las leyes venezolanas.
Varios diputados señalaron que la venta de Rosneft se suma al proceso de destrucción de la industria petrolera por el Gobierno de Nicolás Maduro, que la maniobra carecía de legalidad, y que apoyaban la propuesta para comenzar una investigación sobre ese hecho.
En el acuerdo final aprobado por el Parlamento se advierte que, de haberse hecho esa operación, se procederá a la aplicación de los procedimientos legales por incumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y contractuales que regulan tal operación que ocasionaría un daño al patrimonio de la República.
(Con información de El Nacional)
