DOBLE LLAVE – La ausencia de datos específicos sobre los 19,1 millones de niños y adolescentes menores de 18 años que tienen alguna discapacidad en América Latina y el Caribe constituye una «deuda grande» de la región, que invisibiliza a esta población y repercute en las políticas de inclusión, advirtió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
«El denominador común, el desafío grande que tenemos en la región, es la recolección de datos y el análisis, para que se base en ellos el cambio de políticas, los ajustes de políticas y las financiación que necesitan estas políticas», dijo en una entrevista con EFE en Asunción la directora en temas de inclusión y garantía de derechos de la niñez con discapacidad para la oficina regional de Unicef, Cynthia Brizuela.
En ese sentido, indicó que, en algunos casos, las agencias nacionales de recolección de datos no cuentan con módulos «para desagregar o identificar» a menores de 18 años con discapacidad «y para incluirlos en los censos».
Brizuela señaló que los únicos datos «concretos» en Latinoamérica y el Caribe se relacionan con la inscripción en centros educativos, pero aclaró que no se cuenta con «un análisis de cómo aprenden» los niños y adolescentes con discapacidad.
«En el acceso ya estamos mal, hay un déficit», alertó, al detallar que la Unicef estima que un 49 % de niños y adolescentes con discapacidad prácticamente no va a la escuela.
Unicef -agregó- cuenta con una serie de encuestas múltiples sobre la inclusión de la discapacidad.
Además, realiza un trabajo de «abogacía» y de comunicación para instar a los países a abordar el asunto de la falta de datos y que destinen mayores recursos públicos a políticas de inclusión de niños con discapacidad.
Llamado de la Unicef
Al respecto, Brizuela hizo un llamado a la acción a los Estados para integrar y visibilizar en las políticas públicas al 49 % de los chicos con discapacidad que no asiste a la escuela, al indicar que más allá de ser un derecho, la inclusión tiene impactos económicos.
«Económicamente hablando, va a tener una carga muy grande sobre los presupuestos de los Estados si no logramos integrarlos económicamente, activamente, a una población tan grande como esa», alertó.
No obstante, mencionó algunos avances como los casos de Paraguay, Uruguay, Jamaica, República Dominicana, Colombia y Nicaragua, que han aprobado leyes para transitar de una educación desagregada para niños con discapacidad hacia una educación inclusiva, con un enfoque en el «diseño universal para el aprendizaje».
Estas iniciativas -afirmó- han permitido brindar asistencia a los docentes para que puedan adaptar los materiales educativos e incorporar propuestas como «los libros digitales accesibles» que promueve Unicef.
