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Ley obliga a edificios antiguos a vender apartamentos en alquiler

NOTIGLOBO.-

Inquilinos que tengan más de 20 años con apartamentos en alquiler en edificios de Venezuela podrán exigirle a los propietarios o multiarrendadores la venta del inmueble, según lo establece una providencia administrativa del Ministerio del Poder Popular de la Vivienda y Hábitat publicada en Gaceta Oficial esta semana. Será la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda la encargada de calcular el valor de estas soluciones habitacionales.

Multas de hasta 2.000 unidades tributarias (254.000 bolívares fuertes) deberán pagar al fisco nacional aquellos propietarios o multiarrendadores que se nieguen a la venta por cada unidad habitacional que dejen de ofertar, a partir del momento de su entrada en vigencia y después que haya sido declarado oficialmente el incumplimiento. No hacer efectivo el pago en el tiempo establecido podría acarrearles la duplicación del monto o el embargo del inmueble por parte de un tribunal establecido en la República. La normativa en cuestión les otorga un plazo de 60 días hábiles para llegar a un acuerdo con los inquilinos.

Inconstitucional es, para la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, esta decisión del Ejecutivo venezolano, que se corresponde con una disposición transitoria de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y contradice el artículo 115 de la Carta Magna. Esperan que el Tribunal Supremo de Justicia aclare la situación, en virtud de que la figura de venta obligatoria no se encuentra establecida en las leyes venezolanas.
Marzo fue el mes en que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela entregó al Ministerio del Poder Popular de la Vivienda y Hábitat una propuesta para la regulación de los alquileres en el país, sin embargo, el gremio afirma que hasta la fecha no han recibido respuesta. Su presidente, Aquiles Martini, considera que decisiones como ésta se contradicen con el llamado a diálogo del Gobierno nacional hacia el empresariado, pues se está violando la propiedad privada; duda que los  precios de los inmuebles establecidos por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda se correspondan con la realidad económica nacional.

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