NotiGlobo.- Esta semana se generaron diversas reacciones sobre la demanda contra el presidente de la República, Nicolás Maduro interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos hechos que comprometen al gobierno en delitos de lesa humanidad.
Por ello este jueves la fiscal de la instancia, Fatou Bensouda, quien está a cargo del análisis preliminar de las acusaciones de violaciones al Estatuto de Roma, sostuvo un encuentro con el fiscal venezolano, Tareck William Saab para avanzar en las investigaciones, tras el informe divulgado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos presentado ante las Naciones Unidas en septiembre.
Venezuela suscribe el Estatuto de Roma de 1998 y por esta razón acepta y debe acogerse a la jurisdicción de la CPI, que investiga delitos como el genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
Ante este hecho y tras el encuentro sostenido, Saab indicó que la CPI se mantiene aún investigando casos en el país, por lo que, destacó que esta «etapa de las investigaciones procede la constructiva colaboración entre ambas fiscalias con la finalidad de esclarecer la situación y garantizar las atribuciones complementarias de la CPI».
Por su parte, Bensouda indicó en mayo que su oficina había hecho “avances significativos” en el expediente preliminar abierto entre febrero de 2018 y explicó que esperaba tomar nuevas decisiones en los próximos meses.
“El Fiscal reiteró que ambas situaciones (Venezuela I y II) permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión, una vez concluida, si se abre una investigación”, reseñó la CPI en su cuenta de Twitter.
Contenido
Antecedentes
Venezuela fue denunciada ante esta instancia internacional en el año 2018 por los cancilleres de Colombia, Chile, Perú, Argentina, Paraguay y Canadá, quienes acusaron a Maduro como responsable de asesinatos, detenciones de arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas temporales durante las protestas contra el Gobierno en los periodos 2014 y 2017.
Por primer vez ocurre un acontecimiento de esta magnitud, donde un grupo de Estados que se adhieren a ese organismo internacional acusa al jefe de otro país par ante este tribunal, por lo que, de ser factible el juicio, sería la primera vez que se dirima en ese terreno un caso contra un presidente de América Latina.
“Una vez que se declara que hay crímenes de lesa humanidad no basta con que se juzgue a funcionarios de bajo nivel o a autores materiales. Debe hacerse responsables a quienes toman las decisiones y a quienes implementan las políticas para cometer esos delitos. Eso es algo que no ha ocurrido en Venezuela, no hay ni siquiera funcionarios de mediano rango juzgados”, señaló el abogado Alí Daniels, de la organización Acceso a la Justicia.
Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal general de Venezuela que en agosto huyó de Venezuela tras ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, presentó este jueves ante la CPI con sede en La Haya una denuncia contra Maduro.
La acusación principal de la exfiscal, basada según los documentos presentados en “más de mil elementos probatorios”.
“Estamos denunciando que en el 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares, en el año 2016, 4.667 bajo las mismas condiciones, y hasta el mes de junio de este año se registró el asesinato de 1.846 personas, todas bajo las órdenes de Ejecutivo, amparados en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social, una razia”, aseguró Ortega.
Reacciones de la oposición
El comisionado para las Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, rechazó este jueves 5 de noviembre el encuentro sostenido en La Haya (Holanda) entre la fiscal general de la CPI, Bensouda, y su homólogo venezolano, Saab.
«Rechazamos que en la CPI reciban a quienes han sido cómplices de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. @TarekWiliamSaab y Alfredo Ruiz han encubierto los delitos de @NicolasMaduro, se han prestado para la persecución y el asesinato de miles de venezolanos», escribió.
Borges reiteró el respaldo a que «la fiscal de la CPI reitere que el órgano tiene competencia sobre los crímenes cometidos en, pero demandamos mayor celeridad y esperamos que la visita de estos personeros de la dictadura no retrase el proceso ni obstaculice la justicia que esperan los venezolanos».
Por su parte, Juan Guaidó también cuestionó que los representantes del tribunal internacional hayan recibido a Saab, quien estuvo acompañado por Alfredo Ruiz, defensor del pueblo.
“Eso genera reacciones agridulces, ¿no? ¿Cómo reciben a un hombre sin la cualidad? Entre otras cosas. Ese debate hay que darlo, en calidad de qué lo reciben. Pero, más allá de eso, están todos los elementos para proceder a una demanda internacional con jurisdicción en la Corte Penal Internacional”, puntualizó.
Comunidad internacional se pronuncia
La comunidad internacional también se ha pronunciado al respecto sobre las implicaciones en torno al caso venezolano, cuya decisión de la CPI marcará sin duda alguna un antes y un después en la geopolítica mundial.
Juan Navarrete, exrepresentante en Colombia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señaló a BBC Mundo que lo novedoso de este proceso es que quienes hacen la denuncia son jefes de Estado y de gobierno, porque los casos anteriores obedecieron al trabajo de documentación de organizaciones de derechos humanos que los llevaron ante la Fiscalía de la CPI.
«Aunque se habla de la denuncia contra Venezuela, no se va contra el Estado venezolano sino contra las personas señaladas por violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Además, aunque ellos mencionen a Maduro, siempre en la investigación se afecta a toda la cadena de mando que hizo posibles esos hechos», agrega.
Recientemente, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, consideró que será un paso clave la conclusión que emita la CPI sobre los fundamentos razonables para iniciar una investigación formal contra Maduro sobre que cometió crímenes dentro de su jurisdicción.
“La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) concluye que hay fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, expresó Vivanco en su cuenta en twitter.
De acuerdo con Fernando Fernández, profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Central de Venezuela (UCV), este tipo de procedimientos pueden tardar años y como ejemplo citó el conflicto interno de Colombia que se encuentra en esa etapa de litigio desde 2004.
«Ahora la Fiscalía está en situación de actuar. Esa es la importancia de este paso. Tiene que determinar si abre una investigación final por su cuenta o si lleva primero el caso ante la SCP. Hay una interpretación jurídica que dice que en este caso no necesitaría ir a la SCP porque existe la petición de los Estados, pero esa es una cuestión que se va a dilucidar ahora porque es primera vez que ocurre«, comentó al medio BBC Mundo.
La segunda fase del examen preliminar para considerar la apertura de un juicio determinó que existen “fundamentos” para que el tribunal analice el caso venezolano.
El proceso de examen se mantiene en la tercera fase de cuatro, en la que la institución debe evaluar si el Estado venezolano ha investigado y juzgado debidamente a los responsables de los delitos.
