Aliarly Carrillo.- De acuerdo con la ONG venezolana Cofavic, durante el primer trimestre del 2020 se registraron 357 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado.
Que se unen a las 11.300 que se han cometido desde el 2012.
Todas ellas en sectores populares o barrios del país. Y que, además, fueron denunciadas por organismos como Human Rights Watch (HRW) y por Naciones Unidas.
La directora de Cofavic, Liliana Ortega indicó que el 99% de las víctimas son hombres y 76% son menores de 25 años.
Explicó que los ejecutados dejan hijos pequeños, y las familias sobrevivientes se ven obligados a salir de manera forzada por miedo a las represalias que toman muchas veces los funcionarios al volver.
«La media de las ejecuciones ocurren a plena luz del día con presencia de vecinos como un mecanismo de mostrar control social. El 99% de los casos no llegan a juicios y las familias de las víctimas no tienen la oportunidad de sentarse frente a un juez independiente para ser escuchadas. Esto ha sido documentado por las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, enfatizó Ortega.
Tanto las denuncias realizadas por Cofavic como por HRW son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe detalló que los miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) llegaban vestidos de negro con el rostro cubierto, se transportan en camionetas sin matrícula y portando armas largas.
Una vez en las casas, separan a los jóvenes que presuntamente están inmersos en delitos y los asesinan.
También reveló que algunas mujeres sufren violencia sexual en esos escenarios.
