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Cataluña y Madrid, un mes de conflictos y tensión

Foto: Efe

España afronta una situación inédita por la inminente declaración de independencia que Cataluña podría anunciar en “los próximos días”, según el jefe del Gobierno regional, Carles Puigdemont. El desafío definitivo de los secesionistas culmina un mes de ajedrez político, judicial y policial entre Barcelona y Madrid:

6 de septiembre: El “Parlament” de Cataluña aprueba en una turbulenta sesión la Ley del referendo, que regula la polémica consulta. La oposición abandona la cámara en protesta por el trámite, cargado de irregularidades. Horas más tarde, el presidente del Gobierno regional, Carles Puigdemont, firma con todo su gabinete la convocatoria del referendo para el 1 de octubre, reseñó Efe.

7 de septiembre: Aceptando un recurso del Gobierno central de Mariano Rajoy, el Tribunal Constitucional suspende de forma cautelar tanto la convocatoria del referendo como la ley que lo regula.

8 de septiembre: La Guardia Civil española registra una imprenta en Cataluña que supuestamente prepara material para el referendo. Es la primera de muchas operaciones policiales contra la organización y la logística de la consulta. Genera también las primeras protestas de partidarios del referendo en las calles.

11 de septiembre: Cientos de miles de personas marchan en Barcelona por la Diada, día nacional de la región usado en los últimos años como escenario de reclamos de ruptura con España, en defensa del referendo.

12 de septiembre: El Constitucional suspende la otra ley clave del proceso independentista, la llamada Ley de transitoriedad jurídica, admitiendo otro recurso del Gobierno en Madrid.

13 de septiembre: La fiscalía cita como investigados a más de 700 alcaldes de Cataluña que expresaron su apoyo al referendo. La Justicia cierra además la web abierta por la “Generalitat” (el Gobierno catalán) para informar sobre la consulta. Internet será otro territorio de choque entre Barcelona y Madrid.

15 de septiembre: El Gobierno de Rajoy interviene los pagos de la “Generalitat” con el fin de evitar que use fondos públicos para financiar el referendo suspendido.

20 de septiembre: En la operación más contundente contra la organización del referendo, la Guardia Civil española registra varias oficinas de la “Generalitat”, confisca diez millones de papeletas y detiene a 14 personas, incluyendo a varios altos funcionarios. Días después, todos quedan en libertad con cargos. El Gobierno de Rajoy da por “desmantelado” el referendo.

21 de septiembre: El Constitucional fija una multa de 12.000 euros diarios a los detenidos y a los miembros de la “sindicatura electoral”, un órgano creado para actuar como junta electoral en el referendo. Los integrantes de la sindicatura renuncian poco después, lo que deja la consulta sin un órgano de supervisión y recuento.

23 de septiembre: La fiscalía ordena que todas las fuerzas de seguridad, incluidos los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica de Cataluña), sean coordinados por el Ministerio del Interior español para garantizar las actuaciones contra el referendo.

1 de octubre: La consulta se celebra en una jornada turbulenta marcada por los enfrentamientos entre los votantes y los policías que tienen orden judicial de cerrar colegios electorales. Los choques dejan varios heridos el “Sí” a la ruptura con España gana por un 90%, según el recuento de la “Generalitat”, en parte porque muchos partidarios del “No” rechazaron ir a votar o hacer campaña.

3 de octubre: Se celebra en Cataluña una huelga general y protestas masivas contra la actuación policial en el referendo. Por la noche, el rey Felipe VI emite un contundente mensaje en televisión alertando de la “extrema gravedad” abierta por el desafío independentista y pidió al Estado asegurar “el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”.

4 de octubre: El parlamento catalán convoca para el 9 de octubre un pleno para analizar los próximos pasos en el proceso soberanista, incluyendo una posible declaración de independencia unilateral. El Parlamento Europeo insta al diálogo al analizar la situación, pero los intentos por mediar entre ambas partes fracasan.

5 de octubre: El Tribunal Constitucional suspende de forma cautelar el pleno del lunes, abriendo un interrogante sobre la posible ruptura. El plan soberanista sufre otro revés con impacto simbólico: el banco Sabadell, cuarto de España por activos, trasladará su sede social fuera de Cataluña para proteger los intereses de sus clientes.

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