El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó el control de las actuaciones para evitar el referendo del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.
A cuatro días de la fecha fijada por el Gobierno catalán para celebrar el referendo, la magistrada del TSJC Mercedes Armas ordenó a la Policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra; la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.
La juez solicitó también a la Fiscalía que cese en sus «diligencias, actuaciones e instrucciones» sobre el referendo ilegal, ya que será ella quien asuma las próximas directrices, tras semanas en que las que el Ministerio Público ha llevado la iniciativa.
La Fiscalía dispuso también que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyaran si fuera necesario a los Mossos d’Esquadra, después de que la policía catalana expresara sus reticencias a la orden de precintar los locales del referendo antes del próximo sábado.
El jefe operativo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de «oportunidad, proporcionalidad y congruencia», ante el riesgo de alteraciones en el orden público.
Grupos independentistas han pedido a sus activistas que se concentren en las escuelas para permitir que sean utilizadas el día 1 e impedir que las fuerzas de seguridad las clausuren.
