La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el exilio, declaró la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) «de facto» y activó la resistencia pacífica del pueblo venezolano prevista en un artículo de la Constitución de 1999.
En un fallo firmado por la sala y dado a conocer este miércoles 25 de octubre, en Miami (EEUU), la sala constitucional da respuesta a una denuncia de inconstitucionalidad planteada por los políticos Diego Arria, María Corina Machado, Antonio José Ledezma y Cecilia Sosa en relación con la creación de la ANC y los actos emanados de ella.
El pasado 13 de octubre, 18 de los 33 magistrados designados por el Parlamento, de mayoría opositora, se configuraron como «Tribunal Supremo en el exilio» en una ceremonia en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los magistrados de la sala, equivalente a un tribunal constitucional, consideran en su fallo, que lleva fecha del 25 de octubre, que la ANC ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo venezolano de convocarlo como lo exige el artículo 347 de la Constitución, indicó Efe.
El fallo fue dado a conocer por el presidente de la sala constitucional del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, quien acudió este miércoles 25 de octubre a un foro sobre la reinvención de los partidos políticos en Miami.
En el foro participan varios expresidentes latinoamericanos y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien autorizó a los magistrados del TSJ en el exilio a reunirse en las instalaciones del organismo interamericano en Washington.
El empresario venezolano radicado en Miami Nelson Mezerhane, uno de los organizadores de este foro a través de una cátedra que lleva su nombre el Miami-Dade College (MDC), agradeció a Almagro los esfuerzos por restablecer la libertad y la democracia en Venezuela.
Según dijo, Almagro es considerado «un venezolano», afirmación que fue refrendada por los asistentes al foro poniéndose en pie y aplaudiendo al secretario general de la OEA.
Al foro asisten los magistrados del TSJ que trabajan desde Washington.
En su fallo, la Sala Constitucional llama a las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo venezolano a «acatar esta decisión vinculante».
También activa la resistencia pacífica, «habida cuenta de que todos los ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, tal como lo ordena el artículo 333».
Por lo tanto, «los ciudadanos civiles y militares tienen el legítimo deber de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente conforme a lo previsto en el articulo 350″.
Asimismo se insta a la Sala de Casación penal del TSJ a determinar la responsabilidad penal a que hubiere lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado «los actos fraudulentos, en especial los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente«.
